GOBIERNO APUESTA POR REPATRIAR SUS AHORROS.-

Copete: 

Es como abrir tu alcancía y  encontrar una nota  que dice que te debes a ti mismo […]

Tue, 12/13/2011 - 15:34 — Javier Diaz

 

LA PRENSA.

ANGEL LÓPEZ GUÍA

alopez@prensa.com

La  manera en que el Estado panameño realiza sus inversiones está por cambiar drásticamente.

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabajan en una reforma a la ley que regula el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), herramienta financiera alimentada desde su creación en 1995 con el dinero generado por la venta de propiedades en las áreas revertidas y  la privatización de los servicios públicos iniciada por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares

“Los lineamientos de inversión del FFD son rígidos, irrelevantes y contraproducentes. [Además] promueven que los recursos del fondo sean enviados al exterior y hacen difícil la inversión en Panamá” explica Diego Ferrer, subdirector  de inversiones, concesiones y riesgos del Estado, funcionario que comanda el proyecto de reforma en el MEF.

Según datos auditados por la multinacional KPMG, los activos del fondo al 30 de junio de este año eran de mil 292 millones de dólares, 9 millones menos que los activos registrados en el mismo periodo del año pasado.

Este dinero no se encuentra en Panamá. De hecho, el  98% de los activos está fuera del país.

De esta cantidad, 34% está a plazo fijo en bancos internacionales y 64% es manejado por tres administradores de inversiones: Goldman Sachs, Morgan Stanley y Black- Rock Financial.

La volatilidad de los mercados internacionales ha hecho que con el correr de los meses,  la rentabilidad del fondo  disminuya. Prueba de ello es que este año el FFD ha tenido una rentabilidad bruta de 4.19% mientras que el año pasado este índice fue de  6.02%.

Los cambios

Ante un contexto económico internacional turbulento, el MEF ha decidido tomar cartas en el asunto y comenzar a trabajar en un proyecto de reforma de la legislación vigente (Ley 20 del 15 de mayo de 1995).

Los cambios en los que trabajan las autoridades giran en torno a cuatro ejes fundamentales: Permitir que el fondo coloque su dinero en empresas de capital mixto, desarrollar infraestructuras en  las áreas revertidas que aún están por venderse, invertir en proyectos  de sectores considerados como estratégicos y modernizar la política de inversión  en instrumentos financieros.

Las autoridades aspiran a que estos cambios deriven en un  anteproyecto de ley  que será presentado en la Asamblea Nacional durante el primer trimestre del próximo año.

De concretarse estos  cambios, para algunos analistas el FFD terminaría  transformándose  en una gran empresa de inversión panameña, trayendo consigo un importante aumento del tamaño del Estado en la economía.

 “El Gobierno está buscando echarle mano a todo lo que pueda  para aumentar la cantidad de proyectos a ejecutar durante su  administración”, opina Ricardo González, presidente de la firma Panamá Economy Insight.

A pesar de este incremento en la cartera de inversiones públicas locales, de prosperar estas reformas González no cree que se genere un recalentamiento económico  sino más bien el aumento de la inflación en un par de puntos porcentuales.

Desde la firma Deloitte, en cambio,  prefieren ser más cautos ante las intenciones dadas a conocer por las autoridades financieras nacionales.

“Si lo que se busca es hacer una actualización de la ley, siempre que esa actualización proteja al capital del fondo y no desvirtúe su utilización, yo estaría de acuerdo”, opina Domingo Latorraca, socio de servicios y asesoría financiera y consultoría de la firma, aclarando sin embargo que “una cosa es  una idea que puede parecer  muy buena y otra es  cómo (la idea)  aterriza dentro de un proyecto de ley”.

Inversión local

Desde que se creó, el FFD ha sido noticia.

En 1998, una reforma promulgada le quita la exclusividad al Banco Nacional de Panamá para ser el único ente en el que se pueden depositar los fondos de este fideicomiso.

Cuatro años más tarde, para reactivar la economía, la entonces presidenta Mireya Moscoso promulga una ley que permite invertir 200 millones de dólares en proyectos de infraestructura.

Tres años después, durante el año 2005, el 90% de los fondos se encuentra fuera del país.

Aterrizando en la presente administración gubernamental,  el FFD también ha sido noticia.

Durante el pasado mes de noviembre, desde este fondo el MEF aprobó un préstamo puente de 52.9 millones de dólares para destinarlos a la  Empresa Nacional de Autopistas (ENA), entidad estatal  que lo utilizará para ampliar el tramo del Corredor Norte entre Brisas del Golf y Tocumen.

Dentro de las condiciones pactadas para prestar el dinero se acordó que este debe generar un interés anual de 2.5%, asegura Ferrer.

Este tipo de inversiones realizadas en empresas mixtas es visto por analistas como un riesgo para la economía nacional.

“Todo es un juego de mover cifras  de un lado hacia otro. Igualmente el dinero está en manos del Estado. Es como abrir tu alcancía y  encontrar una nota  que dice que te debes a ti mismo y que  ese dinero estás obligado a reponerlo en alguna fecha”, advierte Omar Sanabria, consultor  de la firma Goethals Consulting.

Una de las consecuencias que podría traer la inversión del FFD  en empresas mixtas es que se podría disparar el riesgo país y aumentar el costo del endeudamiento público colocando en peligro la estabilidad macroeconómica y los ritmos de crecimiento económico alcanzados, añade el economista Alejandro Cordero.

Esta medida sería una consecuencia directa de que los mercados internacionales de deuda verían el intercambio entre liquidez por endeudamiento de las empresas mixtas como reducción de la capacidad del sector público para enfrentar sus compromisos de refinanciamiento de  deuda soberana, apunta el economista.

Pero la inversión del Estado en este tipo de empresas también tiene un punto de vista intermedio enunciado por Santiago Fernández, presidente de la casa de valores  SFC Investment.

Para este inversor, el Fondo Fiduciario debería tener la capacidad de comprar títulos de largo plazo en la banca local  para que estas instituciones a su vez puedan prestarle dinero, tanto a  ENA como a cualquier otra entidad público-privada.

Fernández cree además que la mejor opción para que el Ejecutivo obtenga liquidez y  multiplique la riqueza en la población es que se democratice el capital de las empresas mixtas.

Para conseguir esta propuesta  sugiere que los panameños  a partir de  mil dólares puedan comprar  acciones de las empresas mixtas y que estas se coticen en la Bolsa de Valores de  Panamá.

Además de la democratización del capital de las empresas mixtas, otra posibilidad que plantean expertos es invertir el dinero del FFD en proyectos de desarrollo  en el interior del país.

“Su nombre lo dice: Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Por lo tanto  debe usarse para ese fin. ¿Qué significa desarrollo? Significa mejorar las condiciones de vida  de la población.

Eso se logra invirtiendo en salud, capital humano, educación y agua potable. Creo que si queremos desarrollar el país, se debe hacer un plan a largo plazo para mejorar las condiciones de atraso que tienen las áreas indígenas y los sectores del campo con respecto a las áreas urbanas”, señala Rolando Gordón, ex presidente del Colegio Nacional de Economistas.

Por estar ya estipuladas este tipo de acciones en la actual ley que regula el FFD, Gordón es partidario de no apoyar las reformas que plantea el MEF.

La creación del Fondo Soberano

Paralelo a los cambios que prepara el Ejecutivo, existen voces en el país que han puesto en el tapete la posibilidad de que los actuales activos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo sirvan como capital semilla para la creación de un  Fondo Soberano (FS).

La intención inicial de este fideicomiso  es que cuente con los aportes  procedentes de los excedentes que genere el Canal de Panamá una vez entre en funcionamiento la ampliación de la vía interoceánica.

La propuesta cuenta con el visto bueno de Guillermo Chapman,  ex ministro de Planificación y Política Económica 1994-1998 y socio director de la firma Indesa.

En la mayoría de los países  que manejan bien este tipo de institución, en especial Noruega y Chile, el FS se destina a inyectarle recursos a la economía a través del presupuesto cuando está en etapa de recesión o desaceleración tan significativa que afecta de manera notable el nivel de empleo, explica Chapman.

“Esta medida tendría una  especial importancia en el caso panameño, pues localmente no se  cuenta con  un banco central emisor que estimule la demanda a través de la expansión de la cantidad de dinero que circula, tal  como lo ha hecho últimamente la Reserva Federal de Estados Unidos”, agrega.

Por esta razón, Chapman cree que los fondos del futuro FS y por ende su capital semilla (el FFD) deben ser colocados en instrumentos financieros fácilmente liquidables en muy corto plazo en lugar de ser invertidos en empresas mixtas o tierras.

“En Singapur, que también tiene un FS muy bien manejado, invierten sus recursos exclusivamente fuera de su país para no inflar fuera de proporción los valores de los instrumentos que se cotizan en sus bolsas nacionales dada la gran magnitud que (los recursos del) Fondo Soberano logran alcanzar en relación con el producto interno bruto de la economía” agrega.

Para delinear cómo serán las políticas de inversión del nuevo fondo, el gobierno nacional cuenta con la asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además de esta consultoría,  el Gobierno ha convocado a un panel de 10 expertos para formar parte de una comisión asesora en la creación de este fondo.

Dentro de los invitados se encuentran los ex ministros de economía Alberto Vallarino,  Ricaurte Vásquez y el propio Guillermo Chapman, además de los exviceministros Laura Flores,  Domingo Latorraca  y Eduardo Quirós. Francisco Sierra, del Banco General; Darío Berbey,  del Banco Nacional; Alberto Diamond, Superintendente de Bancos; y Alberto Alemán Zubieta, del Canal de Panamá, complementan el panel de expertos.

“El Fondo Soberano es un ahorro que  puede ser utilizado en caso de desastres naturales o cuando hay una recesión económica para reactivar la economía”, sostiene el actual ministro de Economía, Frank de Lima.

Lo que surja de estas conversaciones podría ser el anteproyecto de ley que cambiará la forma de invertir los ahorros estatales. Solo el tiempo dirá si la apuesta que está haciendo el gobierno es la más acertada.