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¿Podemos determinar la justicia de los precios? Estas preguntas se las vienen haciendo los humanos desde hace miles de años y aparecen en tratados jurídicos romanos tales como el Código Teodosiano del años 438 AD., y el Corpus Juris Civilis, promulgado por el emperador cristiano Justiniani en el año 530 AD. En ambos casos se hace énfasis a que el precio justo es aquel acordado por las partes contratantes sin apremio, lo cual incluye al gobierno.

Muchos han querido dar un vuelco forzado a estos conceptos, los cuales se denotan en muchas de nuestras costumbres actuales, tal como es el caso del “salario mínimo” –SM-. Los salarios son precios que se pagan por los servicios laborales y por tanto al ser regulados constituyen un control de precios.

El argumento central detrás de esta desafortunada distorsión de las libertades humanas se basa en que al pagar salarios no se estaría pagando por el trabajo efectuado sino por la necesidad que tiene el trabajador de mantenerse a sí mismo y a su familia.

Ninguna persona sensata niega la necesidad que tienen todos los que trabajan de ganar lo necesario para su sustento e idealmente mucho más; pero el asunto está en encontrar la mejor forma de lograr esto, y viene al caso preguntarnos si esa forma es a través de un control de precios coercitivo impuesto por el Estado. Curioso que ya los romanos no lo veían así.

Detrás de todo esto no sólo existe una realidad económica que no es nada bueno ignorar, sino otra realidad moral que igual reconocían los juristas romanos de la tercera centuria, tales como Pomponius, quien se pronunciaba a favor el laissez-faire, que en esencia es el derecho de hacer según nuestro albedrío y mediante acuerdos voluntarios entre las partes contratantes; que no son los gremios laborales y empresariales y mucho menos el gobierno, el cual no debería ni sonar ni tronar en todo eso por ser una entidad mayormente de política proselitista.

Entre las dificultades para la determinación de los precios está el que los precios de las cosas son subjetivos; tal como hemos visto recién en la compra de los muebles del finado Michael Jackson por varios millones. De hecho, los precios que vemos en las tiendas no son el valor de las cosas sino lo que pide quien vende. Por supuesto que nadie queda obligado a comprar y siempre se puede proponer un descuento; de manera que el “precio justo” es aquel que se acuerda voluntariamente entre las partes en cada transacción.

En síntesis, el SM engrosa el sector informal, que ya anda por el 44% y hace mucho más difícil que los poco calificados, como jóvenes, personas con discapacidades, grupos étnicos marginados y tal, puedan conseguir trabajo; y es muy injusto que se pretenda proteger a quienes ya tienen salario en contra de los que no lo tienen.

Empresario.